Santo Domingo.-Un año después del desalojo de 60 familias en Santa Cruz de El Seibo no se ha hecho justicia con su caso y para recordarlo a las autoridades han realizado una vigilia en el parque Duarte del municipio cabecera de la provincia.
En la ocasión los afectados por el desalojo depositaron una querella ante la fiscalía local, pero por lo visto ha quedado engavetada a pesar de que el procurador fiscal se comprometió a cumplir el artículo 30 del Código Procesal Penal.
El referido artículo dispone: “El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia”.
La expulsión de las 60 familias de sus viviendas ocurrió la madrugada del 5 de septiembre de 2025 y el día 27 de noviembre de siguiente se acercó la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para escuchar a las familias, pero hasta ahora no han dado noticias de su diligencia.
El Abogado del Estado sigue confirmando un año después, que no dictó la orden para el desalojo del 5 septiembre.
Además de dos caminatas que han realizado en la ciudad, las familias montaron una vigilia con encendido de velas en el Parque Duarte para conmemorar el primer aniversario de la destrucción de sus viviendas.
Como parte de la vigilia fue leído un manifiesto en el que refieren cómo llegaron al lugar del que fueron expulsados antes del amanecer del 5 de septiembre de 2025.
En marzo de 2024, señalan en el documento, “el síndico, la gobernadora y el director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, convocaron a una reunión invitando a las misioneras dominicas del Rosario y a los dominicos para solicitarles la mediación ante nosotros con el objetivo de que moviésemos nuestras viviendas 100 metros para que el Gobierno construyera 50 viviendas. Nos confiaron que era un lugar seguro para nuestras familias mientras se construían las casas que pronto nos serían entregadas”.
En lugar de la prometida mudanza a las casas que construiría el gobierno, lo que recibieron fue un expulsión brutal.
“No hubo orden de desalojo del Abogado del Estado ni presencia del fiscal. Dos palas mecánicas y cientos de personas armadas ejecutaron la destrucción de 60 viviendas incluida la Iglesia de Dios Pentecostal un Principio Divino”, refieren en el manifiesto.
Lo que esperan
— Cumplir con la ley
Las 60 familias desalojadas exigen explicaciones, en vista de que hasta hoy, más de un año después no se ha aclarado quien organizó el desalojo, ni por qué lo hicieron sin respetar el debido proceso que imponen las leyes.
