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Ambientalistas piden a ministro cerrar Punta Catalina hasta su conversión a gas

ambientalistaEl Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron ayer al ministro de Medio Ambiente el cierre inmediato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina hasta que sea convertida a gas natural.

Puntos Vida

Ante el impacto ambiental que estos grupos afirman que provoca esta planta de carbón, ambas entidades planean entregarle al ministro, Orlando Jorge Mera, un estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión de Punta Catalina a gas natural, elaborado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental.

Las entidades justificaron el cierre de la central termoeléctrica por las alegadas violaciones a la Constitución, la ley de medio ambiente y recursos naturales (64-00) y la licencia ambiental 0267-14, otorgada en agosto de 2014 a esa planta situada en Baní.

 

Recordaron que este año depositaron ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales dos denuncias, una por el supuesto incumplimiento de las normas internacionales sobre las emisiones de gases ácidos y micropartículas, y por las montañas de cenizas que la planta supuestamente arroja a la intemperie.

Apuntaron además la denuncia que hicieron sobre la desaparición de seis kilómetros de playa por el cambio de dirección de la marea y de la rompiente marina a causa de la construcción del espigón de un kilómetro para el puerto carbonero de la planta termoeléctrica.

Afirmaron que el sábado pasado documentaron con fotos y vídeos el vertido de agua a “altísima” temperatura desde las calderas de la central hacia el mar, “matando los corales, las algas y microorganismos de esta parte del litoral sur”.

Intervención urgente. Los grupos ecologistas manifestaron que la intervención del ministerio debe ser de carácter urgente y firme para preservar vidas y ecosistemas y prevenir daños irreversibles en la zona de influencia directa de esta planta de carbón.

También expusieron que los 100,000 habitantes directamente afectados tienen el derecho constitucional a la salud y al goce de un medio ambiente sano.