El Gobierno dominicano propuso modificar las previsiones fiscales para 2026 y elevar el déficit público hasta un 4.2 % del producto interno bruto (PIB), frente al 3.24 % contemplado inicialmente.

La modificación presupuestaria contempla un aumento del desequilibrio de las cuentas públicas desde el 3.24 % hasta el 4.2 % del PIB, en medio de mayores presiones por subsidios, combustibles y gasto estatal.
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano solicitó al Congreso Nacional una nueva modificación del Presupuesto General del Estado de 2026 que elevaría el déficit fiscal hasta RD$365,968 millones, equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), frente al 3.24 % establecido en la planificación presupuestaria original.
La propuesta fue depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de noviembre y contempla, además, suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de la regla de responsabilidad fiscal aprobada en 2024. La decisión representa un cambio significativo en las previsiones económicas del año y abre un nuevo debate sobre la capacidad del Estado para mantener sus compromisos de gasto sin aumentar las presiones sobre las finanzas públicas.
De acuerdo con los datos contenidos en el proyecto, los ingresos estimados ascenderían a RD$1,351,943 millones, mientras que los gastos alcanzarían RD$1,717,912 millones. La diferencia entre ambas partidas constituye el déficit proyectado. El incremento equivale aproximadamente a RD$83,700 millones adicionales respecto de la meta anterior.
El Ejecutivo atribuye la revisión a factores como el encarecimiento internacional de los combustibles, las transferencias destinadas a sostener el sector eléctrico, los subsidios para contener el impacto de la inflación y otras necesidades institucionales y de inversión. Entre las partidas señaladas figuran más de RD$44,000 millones para subsidios a los combustibles y más de RD$96,000 millones en transferencias al sector eléctrico.
La modificación también plantea elevar el gasto de capital hasta RD$230,786.7 millones, con recursos destinados a continuar proyectos de infraestructura, entre ellos el Teleférico de Santo Domingo Oeste y el Monorriel de Santiago.
El punto de mayor discusión será determinar si el aumento del gasto tendrá un impacto suficientemente positivo en la actividad económica y los servicios públicos como para justificar el mayor déficit. También será necesario observar cómo se financiarán las necesidades adicionales y qué consecuencias podrían tener sobre el endeudamiento y los compromisos fiscales de los próximos años.
La propuesta deberá superar el proceso de discusión y aprobación legislativa. Mientras tanto, la suspensión temporal de la regla fiscal coloca nuevamente en el centro de la agenda pública la discusión sobre disciplina presupuestaria, transparencia y sostenibilidad de las cuentas estatales.


















