Integrantes de la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia en la capital de Panamá. Exigen la derogación del decreto que ordena el cierre de ocho cementerios y rechazan la construcción del mega embalse en la cuenca del río Indio.
Decenas de campesinos, campesinas, residentes y movimientos sociales aglutinados en la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses marcharon este lunes desde la céntrica Plaza 5 de Mayo hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital panameña, para rechazar la inundación de sus tierras y el cierre y traslado de ocho cementerios comunitarios debido a la construcción de un nuevo embalse del Canal de Panamá.
La movilización incluyó un mitin e interpuso una acción contencioso-administrativa de nulidad para declarar «nulo por ilegal» el decreto ejecutivo vigente desde el 21 de julio.
Dicha normativa prohíbe el uso del cementerio de El Limón a partir de este 30 de julio, trasladando las inhumaciones al camposanto de Los Cedros en Colón, y fija el 15 de enero de 2027 como fecha límite para el uso de los cementerios Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros, situados en Chagres y otras áreas del proyecto.
«Hoy vamos a presentar a la Corte un amparo contra ese decreto. Tiene que derogarse. Esto no puede continuar», declaró el vicepresidente de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, José Florentino Chirú, expresando su expectativa de que el Supremo actúe «con justicia».
«Es una acción contenciosa administrativa de nulidad que busca que el decreto sea declarado nulo por ilegal», señaló el abogado Santander Tristán Donoso, asesor de la organización campesina, quien recordó que la Corte Suprema de Justicia de Panamá no admitió previamente dos demandas de inconstitucionalidad contra la obra, motivo por el cual elevaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la marcha, los manifestantes portaban antorchas y depositaron productos agrícolas como plátanos, piñas, mangos y limones en las escalinatas de la CSJ.
Las comunidades denunciaron el cierre de cementerios como la primera afectación latente de despojo, exigieron el cese de la judicialización contra los residentes que se niegan a abandonar sus tierras y ratificaron una resistencia organizada de más de dos décadas frente a las pretensiones de aumentar el volumen de agua dulce tras la ampliación de la vía interoceánica inaugurada hace 10 años.
La iniciativa de 1.500 millones de dólares en el río Indio, impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para garantizar el suministro hídrico por los próximos 50 años a la vía navegable y a más de dos millones de habitantes, proyecta iniciar construcción el próximo año.
La obra afecta directamente a 38 comunidades donde habitan unas 500 familias (alrededor de 2.000 personas) dedicadas a la agricultura familiar y la ganadería extensiva.
«Hemos podido hablar con más del 70 % de familias que tienen que ser reasentadas, acordar con ellos un marco de compensación que fue trabajado en conjunto a través de más de 200 reuniones en nueve meses», sostuvo la subadministradora del Canal de Panamá y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, al argumentar la necesidad «urgente» del proyecto ante la variabilidad climática.
La administración del canal argumenta que el plan de reubicación incluye dotar a las familias de viviendas, vías de comunicación y mantenimiento de sus fuentes de vida. Río Indio representará el tercer lago artificial de abastecimiento para el paso interoceánico, por donde circula entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.
