Santo Domingo. El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció la realización de un paro nacional de 24 horas para este martes 7 de julio, en protesta por el arresto de dos médicos en la provincia de La Vega, quienes son investigados por un presunto caso de mala práctica médica.
La jornada de protesta iniciará a las 8:00 de la mañana y abarcará los centros de salud públicos y privados del país. No obstante, el gremio informó que se mantendrán en funcionamiento los servicios de emergencia, las unidades de cuidados intensivos y la atención de pacientes hospitalizados.

Durante una rueda de prensa, el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, calificó la detención de los profesionales como una actuación desproporcionada y sostuvo que las autoridades debieron agotar primero las investigaciones técnicas y los procedimientos establecidos antes de ordenar su arresto.
El dirigente gremial expresó que la medida podría generar un precedente preocupante para el ejercicio de la medicina, al considerar que los médicos podrían enfrentar procesos penales sin que previamente se determinen las responsabilidades mediante evaluaciones especializadas.
Asimismo, el CMD manifestó inquietud por la aplicación de las recientes modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, al entender que estas podrían facilitar acciones judiciales que afecten el desempeño de los profesionales de la salud.
La organización también advirtió que este escenario podría impulsar una práctica conocida como «medicina defensiva», en la que los especialistas toman decisiones clínicas motivadas por el temor a consecuencias legales, lo que podría repercutir en la calidad de la atención ofrecida a los pacientes.
Por su parte, el expresidente del gremio, Waldo Ariel Suero, afirmó que el sector médico actuará de manera unificada en defensa de sus miembros y respaldó las acciones anunciadas por la directiva del CMD.
Finalmente, el Colegio Médico Dominicano informó que permanecerá en sesión permanente mientras da seguimiento al caso y reiteró su llamado a las autoridades para que las denuncias por presunta mala práctica médica sean conocidas respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de los profesionales involucrados.


















