El nuevo Código Penal de la República Dominicana, contenido en la Ley 74-25 y próximo a entrar en vigor, representa un peligroso giro hacia el modelo punitivo estadounidense. En lugar de apostar por la verdadera justicia y la reinserción social, esta reforma busca emular el sistema de Estados Unidos: repletar el territorio de cárceles, endurecer desmesuradamente las penas y eliminar en la práctica cualquier posibilidad real de reformar a las personas condenadas.
Este enfoque no busca resolver el problema de la delincuencia, sino gestionarlo de forma permanente mediante el encierro masivo. Se multiplican las penas altas, se amplían los tipos penales y se permite el cúmulo de sanciones que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. El resultado previsible es claro: más prisiones, más hacinamiento y una generación de reclusos que saldrán —cuando salgan— más dañados y resentidos que cuando entraron.
El negocio carcelario de Estados Unidos
En Estados Unidos, las cárceles constituyen un gran negocio. El complejo industrial penitenciario genera miles de millones de dólares. Algunas prisiones privadas o estatales incluso obligan a los reclusos a producir bienes y servicios que luego se comercializan: desde muebles y ropa hasta servicios de call centers. El preso se convierte en mano de obra barata que genera ganancias. Es un modelo económico disfrazado de justicia.
En República Dominicana, un gasto corrupto
En nuestro país la realidad es muy distinta y mucho más grave. Casi todas las cárceles dominicanas representan un enorme gasto para el Estado, sin que produzcan ningún beneficio económico. Lejos de ser centros de rehabilitación, se han convertido en verdaderos nidos de corrupción: tráfico de drogas, extorsión, privilegios para los que pagan, maltrato a los pobres y alianzas entre reclusos poderosos y autoridades penitenciarias.
En vez de invertir en educación, programas de reinserción, formación laboral y atención psicológica dentro del sistema penitenciario, se opta por el camino fácil y caro: construir más cárceles y llenarlas. Un modelo importado que ignora nuestra realidad económica y social. Un modelo que castiga sin corregir.
Esta reforma penal no fortalece la seguridad ciudadana. Fortalece la industria del castigo y abre la puerta a un sistema donde miles de dominicanos jóvenes, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables, quedarán atrapados de por vida en un círculo vicioso de marginalidad y reincidencia.
Es urgente que la sociedad dominicana exija una rectificación. Necesitamos un sistema penal que castigue con firmeza, sí, pero que también eduque, forme y reintegre. Llenar el país de cárceles sin ofrecer caminos reales de reforma no es progreso, es retroceder hacia un modelo fallido y costoso que solo beneficia a unos pocos mientras condena a la mayoría al fracaso.
Los dominicanos merecemos una justicia que cure las causas de la delincuencia, no solo que almacene a los delincuentes. El nuevo Código Penal, en su versión actual, va exactamente en la dirección contraria.
