Nayib Bukele se ha convertido en uno de los líderes más populares y mediáticos de América Latina. Frequentemente es presentado como un ejemplo de éxito: un presidente que logró lo que parecía imposible, transformar El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros de la región. Sin embargo, detrás de esta narrativa hay matices importantes que cuestionan si realmente se trata de un modelo de desarrollo integral.
El gran logro: la seguridad
No se puede negar el avance más visible. La tasa de homicidios cayó de más de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a menos de 2 en los últimos años. El país pasó de ser la “capital mundial del asesinato” a registrar cifras históricamente bajas. Este resultado se logró principalmente mediante el régimen de excepción, una medida que suspende varias garantías constitucionales y que se ha prorrogado decenas de veces desde 2022.
Gracias a esta política de mano dura —con miles de detenciones masivas—, las pandillas perdieron gran parte de su control territorial. El turismo ha crecido de forma notable y muchos salvadoreños en el exterior y dentro del país celebran sentirse seguros por primera vez en décadas.
Pero… ¿desarrollo real?
A pesar del discurso triunfalista, los indicadores económicos y sociales no muestran una transformación estructural:
- El crecimiento económico promedio bajo Bukele ha sido modesto (entre 2.5% y 3.5% anual, excluyendo el rebote post-pandemia). En varios años se ubicó entre los más bajos de la región.
- La pobreza no ha disminuido de manera sostenida. Según datos del Banco Mundial, incluso aumentó ligeramente en algunos periodos (alrededor del 27-30%).
- La economía sigue altamente dependiente de las remesas (cerca del 25% del PIB).
- La desigualdad persiste y el sector informal sigue dominando el empleo.
En resumen: la seguridad mejoró drásticamente, pero el desarrollo económico y social avanza con lentitud. No hay un “milagro económico” comparable al milagro de la seguridad.
El régimen de excepción: ¿solución temporal o nuevo normal?
Aquí radica uno de los puntos más controvertidos. El gobierno mantiene un régimen de excepción permanente, lo que implica suspensiones de derechos como la defensa adecuada, el plazo para ser presentado ante un juez y las garantías contra detenciones arbitrarias.
Aunque ha sido efectivo contra las pandillas, organismos de derechos humanos denuncian detenciones masivas sin pruebas suficientes, casos de tortura, muertes en custodia y miles de inocentes afectados. La violencia no ha sido “erradicada” de raíz: ha sido reprimida y desplazada por el Estado. Mientras exista el régimen de excepción, muchos analistas consideran que la paz actual es frágil y depende del control autoritario más que de soluciones estructurales (educación, empleo, inclusión social).
¿Por qué lo venden como modelo?
Bukele ha sabido capitalizar magistralmente la narrativa en redes sociales. La drástica caída de la violencia genera esperanza y alivio en una región azotada por la inseguridad. Sin embargo, presentar a El Salvador como un “modelo de desarrollo” completo es exagerado. Se trata más bien de un éxito en seguridad con avances limitados en lo económico y un alto costo institucional y en derechos humanos.
Un país que necesita mantener un estado de excepción indefinido para controlar la violencia no ha resuelto el problema de fondo, solo lo ha sometido temporalmente.
El verdadero desafío de Bukele —y de quien le suceda— será convertir la paz impuesta en un desarrollo sostenible, sin necesidad de sacrificar permanentemente el Estado de derecho.
