La ofensiva de EE.UU. contra la CPI sigue la doctrina expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio en julio, cuando confirmó la intención de desmantelar el tribunal «ladrillo a ladrillo» porque es «una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense».
En un intento desesperado por blindar a sus propios funcionarios ante posibles procesos por crímenes de guerra y esquivar la rendición de cuentas de los líderes israelíes por el genocidio en Gaza, el Gobierno de Donald Trump intensificó las tensiones transatlánticas al exigir a sus socios de la OTAN abandonar el Estatuto de Roma y desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI).
Segun el medio POLITICO, durante una sesión confidencial celebrada a mediados de julio en Bruselas, el enviado estadounidense Matthew Whitaker instó a los 32 embajadores de la alianza a sumarse a una campaña orientada a destruir ese tribunal internacional de justicia. «Estaremos observando de cerca quién apoya a Estados Unidos», advirtió el funcionario ante las delegaciones, según testimonios de diplomáticos europeos que solicitaron el anonimato.
Paralelamente, la misión diplomática estadounidense distribuyó un memorando formal, en el cual exigía textualmente: «Estados Unidos desmantelará sistemáticamente las capacidades de la CPI. Le solicitamos firmemente que tome medidas inmediatas para retirarse», instando a los aliados a examinar la amenaza del tribunal a sus propios países, condenar públicamente su extralimitación jurídica (overreach) y cesar de inmediato cualquier apoyo material bajo la premisa de terminar con la «farsa» de la corte.
Esta ofensiva forma parte de una política más amplia de la Casa Blanca contra las reglas multilaterales que limitan su libertad de acción, la cual incluye su retirada del Acuerdo de París (sobre el cambio climático), la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en las dos Administraciones de Trump), a lo que se suman boicots a cumbres espaciales en París y el lanzamiento de diversas guerras comerciales.
A inicios de 2026, Trump firmó un memorando presidencial que ordenaba el retiro de su país de 66 organizaciones internacionales, alegando que estas «ya no sirven a los intereses de EE.UU.». Según el comunicado oficial, 31 de esas entidades pertenecen a la ONU y 35 son organismos independientes.
La ofensiva global de Washington contra la CPI se alinea con la doctrina expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en julio pasado confirmó la campaña contra ese tribunal alegando que amenaza la soberanía estadounidense.
«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos», afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional».
«Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos todo el significado de la resolución estadounidense», aseveró Rubio, declarando su intención de desmantelar la institución «ladrillo a ladrillo«.
Creada en 2002 para procesar genocidios y crímenes de guerra, la CPI ya había abierto expedientes a militares estadounidenses por Afganistán en 2020 antes de despriorizarlos. El organismo se rige por el Estatuto de Roma, su instrumento constitutivo, el cual tipifica cuatro «crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional» (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión), que no prescriben.
La CPI, EE.UU. y un contexto de fricciones acumuladas
La presión contra la CPI llega en un momento sumamente delicado para la OTAN, marcada por la negativa de los Gobiernos a unirse a la guerra estadounidense en Irán y por roces diplomáticos o escaladas como las provocadas por las amenazas de Washington de anexarse Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.
Aunque la alianza procuró disimular estas grietas durante su cumbre anual de líderes, celebrada en julio en Ankara, la exigencia de abandonar el tribunal desató nuevas tensiones de inmediato. Calificando los comentarios de impactantes y decepcionantes, las delegaciones de Francia y los Países Bajos frenaron la propuesta en plena agenda regular.
