Un borrador filtrado revela planes del organismo de Donald Trump para expropiar suelo público y blindar judicialmente a sus miembros en el enclave.
La Junta de Paz para Gaza, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, planea otorgarse una amplia inmunidad jurídica absoluta y la facultad de confiscar propiedades públicas palestinas de forma gratuita. Un proyecto de resolución revelado este 27 de junio por el diario británico The Guardian detalla las prerrogativas de este organismo encargado de administrar el enclave tras la ofensiva militar israelí.
El plan coincide con la propuesta formulada por Trump en febrero de 2025 de apoderarse de la Franja, expulsar a sus dos millones de habitantes y reconstruir la zona como la «Riviera de Oriente Medio».
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas autorizó a esta Junta de Paz para supervisar la administración de Gaza hasta el 31 de diciembre de 2027. El borrador del documento extiende la protección frente a arrestos, detenciones o procedimientos legales en tribunales locales a los miembros de la junta y a su filial administrativa, la Oficina del Alto Representante, encabezada por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov. El blindaje judicial alcanza a los tecnócratas palestinos designados para la gestión, a las tropas de la Fuerza Internacional de Estabilización y a los contratistas no residentes.
Especialistas en derecho internacional advierten que las actividades del organismo son ilegales debido a que consolidan la ocupación de Israel tras el genocidio contra la población palestina. La junta ejecutiva del ente está integrada por siete miembros, entre los que figuran el yerno de Trump, Jared Kushner; el enviado especial Steve Witkoff; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. Witkoff y Kushner poseen inversiones inmobiliarias en Nueva York y podrían beneficiarse financieramente de la reconstrucción junto a empresarios israelíes.
Seis abogados especializados en derecho contractual estadounidense y conflictos armados expresaron preocupación por el contenido del borrador, debido a que el texto omite los mecanismos de rendición de cuentas para soldados o contratistas en caso de tiroteos, accidentes o disputas rutinarias sobre el uso de la tierra. La profesora de derecho internacional en la Universidad de Rutgers, Noura Erakat, afirmó que la junta busca anular toda supervisión externa, incluido el derecho internacional de ocupación, para fundar un sistema legal propio aislado de los tratados vigentes.
La sección final del proyecto otorga a la Junta de Paz la capacidad de expropiar terrenos públicos bajo un esquema similar al empleado por Israel en la Cisjordania ocupada. El organismo dispondrá de forma gratuita de los locales e instalaciones necesarios para construir una base militar destinada a la ISF y diversos centros logísticos operacionales.
Varias naciones prometieron miles de millones de dólares para incorporarse al proyecto, pero la mayoría de los fondos no se han transferido, los contratos de reconstrucción siguen suspendidos y la fuerza internacional de estabilización no se ha desplegado en el terreno.
