El asesinato de la activista e investigadora polaca Monika Silva Koniuszek en Montañita (provincia de Santa Elena) ha generado una fuerte conmoción internacional y ha puesto bajo escrutinio al gobierno ecuatoriano.
Silva, conocida por sus denuncias sobre presunta corrupción, tráfico de tierras y posibles nexos entre narcotráfico y poderes locales en la costa ecuatoriana, fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026 en su domicilio.
Inicialmente, el ministro del Interior, John Reimberg, calificó el caso como un suicidio, argumentando que la activista presentaba “problemas de depresión” y que en el lugar se hallaron elementos como una soga, un palo y un mensaje que podía interpretarse como una despedida.
Sin embargo, el informe médico-legal desestimó por completo esa hipótesis. Los peritos determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por constricción del cuello, compatible con estrangulamiento, y que existían signos de golpe. La Fiscalía investiga ahora el caso como presunto femicidio.
Reacción internacional
La contradicción entre la versión oficial inicial y los resultados forenses provocó alarma en organismos internacionales.
La relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, exigió al Estado ecuatoriano una investigación “rápida, exhaustiva, independiente y transparente”, y urgió a cesar la persecución y vigilancia contra activistas, así como a reforzar sus mecanismos de protección.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también llamó a Ecuador a realizar una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” que explore todas las líneas posibles.
Denuncias previas y contexto
Silva había denunciado públicamente irregularidades en la venta de tierras en Santa Elena y supuestos vínculos entre redes de narcotráfico y el conglomerado Noboa Trading, propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. Según allegados, la activista aseguró haber entregado documentación sensible a la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Su muerte se enmarca en una ola de violencia contra voces críticas en la provincia. En noviembre de 2025 fue asesinado el comunicador Robinson del Pezo (“La Voz del Pueblo”), quien investigaba presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos públicos en La Libertad.
“Una vez que mataron a Robinson, los que quedábamos en la mira éramos Mónica y yo. Ya no había nadie más que alzara la voz”, declaró a Ecuavisa el periodista Joffre Paredes, amigo cercano de Silva y actualmente amenazado.
Paredes insiste en que la muerte de Monika no puede quedar en la impunidad y espera que su caso se convierta en símbolo de resistencia contra la corrupción.
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