En República Dominicana, como en tantos otros países, la embajada de Estados Unidos ha advertido recientemente sobre los riesgos de espionaje asociados a empresas tecnológicas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision o DJI. La embajada de China respondió calificando esas afirmaciones de infundadas.
El debate no es nuevo. Desde hace más de diez años se sostiene que estas compañías facilitan el espionaje a favor de Pekín, especialmente a través de las llamadas “puertas traseras”. El problema de fondo es que ninguna de esas acusaciones ha sido demostrada de forma pública, independiente y verificable.
Lo que se afirma y lo que no se muestra
Funcionarios estadounidenses de alto nivel han declarado en varias ocasiones que poseen pruebas de que Huawei tiene la capacidad de acceder en secreto a las redes que instala. En 2020 se llegó a afirmar que esa evidencia se había compartido con aliados. Sin embargo, hasta la fecha esas pruebas permanecen clasificadas. No existe un informe técnico público ni un análisis de código fuente independiente que permita verificar la existencia de una puerta trasera intencional.
Los casos que han trascendido a la luz pública no alcanzan a sostener la acusación más grave:
- Las vulnerabilidades detectadas por Vodafone Italia entre 2009 y 2012 fueron presentadas en su momento como posibles puertas traseras. La empresa explicó que se trataba del protocolo Telnet, usado para diagnóstico, y procedió a eliminarlo.
- Los informes del centro de evaluación británico (HCSEC) han señalado reiteradamente problemas de calidad en el código de Huawei y vulnerabilidades explotables. No han demostrado, sin embargo, la existencia de backdoors deliberados.
- Los documentos filtrados por Edward Snowden revelaron que la NSA infiltró los sistemas de Huawei en busca de vínculos con el aparato de inteligencia chino. Según lo publicado, no se encontró evidencia concluyente de que la compañía estuviera realizando espionaje a favor del Estado.
El marco legal no equivale a una prueba técnica
La Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 obliga a las organizaciones a cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado. Se trata de un elemento de riesgo legítimo en cualquier análisis de seguridad. No obstante, una obligación legal no constituye por sí misma la demostración de que existan puertas traseras instaladas en los equipos.
Una cuestión de estándares
Mientras las acusaciones contra las empresas chinas se mantienen en el ámbito de la información clasificada, otras prácticas de vigilancia estatal han quedado documentadas de forma abierta gracias a filtraciones y reportes periodísticos. Esta diferencia en el nivel de evidencia pública genera un dilema de credibilidad: se pide a terceros países que tomen decisiones relevantes de infraestructura sobre la base de afirmaciones que no pueden ser examinadas de manera independiente.
El dilema de fondo
No se trata de ignorar los riesgos que puede implicar la dependencia tecnológica de cualquier potencia. Se trata de reconocer un hecho verificable: después de más de una década, las acusaciones de espionaje tecnológico chino a través de puertas traseras en equipos comerciales siguen sin haber sido probadas de forma pública.
En República Dominicana y en el resto de la región, el debate ganaría en claridad si se centrara en una pregunta sencilla y legítima: ¿dónde están las pruebas que cualquier especialista independiente pueda examinar? Mientras esa pregunta no tenga una respuesta abierta, las acusaciones permanecerán, estrictamente hablando, sin comprobación pública.
