El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha insistido en los últimos años en la implementación de las fotomultas como una de sus principales herramientas de fiscalización. El anuncio se repite: cámaras, sensores, plataformas digitales y sanciones automáticas para “mejorar el control del tránsito”. Sin embargo, mientras se acelera el discurso de la automatización, se mantiene en segundo plano lo más importante y estructural: el chequeo real y obligatorio de la calidad del parque vehicular.
Esta inversión de prioridades no solo es discutible desde el punto de vista de la seguridad vial. En la realidad dominicana resulta, además, inviable e injusta.
*Primero lo accesorio, después lo esencial*
La inspección técnica vehicular sigue siendo una deuda pendiente desde la aprobación de la Ley 63-17 en 2017. Aunque el INTRANT realiza operativos de inspecciones visuales, estos son limitados, esporádicos y lejos de constituir un sistema permanente, homologado y obligatorio que retire de circulación los vehículos que no cumplen condiciones mínimas de seguridad (frenos, neumáticos, luces, suspensión, emisiones, etc.).
Mientras tanto, se prioriza un sistema tecnológico de detección de infracciones. Las fotomultas pueden captar un exceso de velocidad o el cruce en rojo, pero no detectan un vehículo con frenos deficientes, gomas lisas o dirección defectuosa. Se sanciona la conducta puntual, pero se deja circular libremente el peligro estructural. Es poner el carro delante de los bueyes.
*El problema de fondo: ¿a quién se le pone realmente la multa?*
Aquí aparece el segundo gran obstáculo, uno que las autoridades parecen subestimar: **en República Dominicana una parte significativa del parque vehicular no es conducido por quien aparece como propietario en la matrícula**.
Es una práctica extendida y conocida: las ventas de vehículos se realizan con frecuencia sin el traspaso formal ante la DGII. El comprador paga, recibe el carro y comienza a usarlo, pero la matrícula sigue a nombre del vendedor anterior (o de alguien más atrás en la cadena de transferencias informales). El titular registral sigue siendo, ante la ley y ante los sistemas de la Digesett e INTRANT, el responsable de las multas, del marbete, de los impuestos y, en muchos casos, de la responsabilidad civil.
En este escenario, una fotomulta no sanciona al infractor. Sanciona a quien figura en el papel. El conductor real que se pasó el semáforo o excedió el límite de velocidad no siente la consecuencia. Quien la recibe es, muchas veces, una persona que ya no tiene el vehículo desde hace meses o años.
Esto genera varios efectos perversos:
• Se rompe el principio de responsabilidad personal. Se castiga a alguien que no cometió la infracción.
• Se debilita el efecto disuasorio del sistema. El verdadero conductor sabe que la multa no le llegará a él.
• Se genera una injusticia sistemática que afecta especialmente a quienes vendieron vehículos sin formalizar el traspaso, una práctica culturalmente arraigada.
• Se complica aún más el debido proceso, porque el afectado debe demostrar que ya no es el dueño real o que no era el conductor, en un sistema que no está diseñado para manejar esa realidad.
*Una herramienta tecnológica sobre una base defectuosa*
Para que un sistema de fotomultas funcione de manera justa y efectiva se requieren, como mínimo, dos condiciones que hoy no existen de forma generalizada en el país:
1. Un registro confiable y actualizado del parque vehicular, donde el titular registral coincida, en la mayoría de los casos, con el propietario y usuario real.
2. Un mecanismo ágil y efectivo para identificar al conductor o para que el titular pueda señalar quién manejaba el vehículo en el momento de la infracción.
Ninguna de las dos está resuelta. Mientras el parque vehicular siga circulando con altos niveles de informalidad en los traspasos y sin una inspección técnica obligatoria y rigurosa, la fotomulta se convierte en un instrumento que sanciona sobre una base falsa y desvía la atención de los problemas de fondo.
*¿Qué debería priorizarse?*
Una política seria de seguridad vial no puede comenzar por la sanción tecnológica. Debe empezar por lo estructural:
• Implementar de manera real y progresiva la inspección técnica vehicular obligatoria.
• Facilitar y forzar la regularización de los traspasos pendientes, de modo que el registro refleje la propiedad real.
• Fortalecer la fiscalización presencial y educativa, especialmente sobre el transporte público, de carga y motocicletas.
• Solo después, o en paralelo con las condiciones anteriores garantizadas, introducir sistemas automatizados de detección que respeten el debido proceso y la responsabilidad personal.
Mientras se priorice la automatización de las multas por encima de la calidad y la formalidad del parque vehicular, el sistema estará construido sobre una fisura. Y en la práctica dominicana, esa fisura es demasiado grande: se terminará sancionando, una y otra vez, a quien no es el verdadero infractor.
La tecnología puede ser una aliada de la seguridad vial. Pero no puede convertirse en un atajo que ignore la realidad del país.
