En el tablero de la rivalidad entre grandes potencias, los países medianos y pequeños no eligen el escenario: lo habitan. La República Dominicana ilustra con claridad esa “otra geopolítica”: la de las naciones que deben gestionar presiones externas, intereses domésticos y el principio elemental de ser, al menos constitucionalmente, libres e independientes. El baile entre la lealtad hacia un aliado histórico que a veces maltrata o descuida a sus socios, y un pragmatismo que hoy aparece debilitado por excesos de alineamiento o por la tentación del “Yes, sir”, no es un debate abstracto. Es una cuestión de soberanía cotidiana.
El peso de la historia y la realidad económica
Estados Unidos es, por geografía, demografía, comercio y seguridad, el socio esencial de República Dominicana. El tratado DR-CAFTA, las zonas francas, las remesas de una diáspora de más de dos millones de personas, el turismo y el superávit comercial acumulado en favor dominicano en varios periodos configuran una interdependencia profunda. Esa relación no es solo económica: tiene raíces históricas complejas, que incluyen ocupaciones militares y una influencia sostenida en la política y la seguridad del Caribe.
En 2018, bajo el gobierno de Danilo Medina, el país rompió relaciones con Taiwán y estableció vínculos diplomáticos con la República Popular China. Se habló de paquetes de inversión y financiamiento que, según reportes de la época, rondaban los 3.000 millones de dólares. Ocho años después, el comercio bilateral creció de forma asimétrica: República Dominicana importa mucho más de lo que exporta a China (en periodos recientes, ratios de 13 o 14 a 1), genera un déficit comercial significativo y ha visto proliferar empresas de capital chino en el mercado local. Las grandes promesas de infraestructura y créditos concesionales no se materializaron en la escala anunciada. El país mantiene, según declaraciones oficiales recientes, la particularidad de no tener deuda pública con Pekín, a diferencia de varios vecinos.
El giro bajo Abinader: claridad estratégica con matices
Desde 2020, la administración de Luis Abinader ha priorizado de manera explícita la relación con Estados Unidos como “aliado especial y estratégico”. Se restringió la participación china en sectores sensibles como puertos y telecomunicaciones (aunque la presencia de proveedores chinos en redes telefónicas sigue siendo relevante). Se firman acuerdos de cooperación con Washington en minerales críticos y tierras raras, se refuerza la supervisión fiscal y aduanera sobre comercios chinos y se insiste en que las relaciones con China son “cordiales” y comerciales, no estratégicas en el mismo sentido.
Funcionarios de alto nivel lo resumen con franqueza: “nuestro socio esencial son los Estados Unidos”. Al mismo tiempo, se mantiene el diálogo con Pekín, se reciben cooperaciones puntuales y se evita un enfrentamiento frontal. Es una política de equilibrio prudente, pero también reveladora de los límites del margen de maniobra.
Entre las decisiones de política exterior que han generado mayor malestar o reservas en sectores de la población dominicana figuran la autorización al uso de instalaciones militares y aeropuertos nacionales por parte de tropas y aeronaves estadounidenses (en el marco de operaciones antidrogas y logísticas temporales), el profundo deterioro de las relaciones con Nicaragua —país con el que República Dominicana comparte el tratado de libre comercio DR-CAFTA—, que incluyó el llamado a consultas de la embajadora y el posterior cierre de la embajada nicaragüense en Santo Domingo; la expulsión de diplomáticos cubanos y sus familiares sin explicación pública detallada; y la reducción de la presencia diplomática hacia Venezuela, alineada con el cerco internacional, hasta el punto de que, ahora que Estados Unidos y otros actores retoman o normalizan vínculos, el país también avanza hacia una normalización gradual, lo que para muchos refleja un exceso de alineamiento que debilita la percepción de autonomía soberana.
El riesgo del exceso de lealtad y el olvido de la independencia
Aquí aparece la tensión central. Cuando la lealtad se convierte en plegamiento automático, o cuando el pragmatismo se debilita porque el costo de disentir parece demasiado alto, se erosiona la concepción mínima de lo que significa ser un Estado soberano. República Dominicana no es un protectorado. Su Constitución consagra la independencia y la no intervención. La política exterior debería partir de una lectura fría del interés nacional: maximizar beneficios comerciales y tecnológicos, diversificar riesgos, proteger sectores productivos locales y evitar que el país se convierta en mera pieza de la contención mutua entre Washington y Pekín.
La crítica no es unilateral. Estados Unidos ha exigido cooperación en temas de seguridad, migración, Haití, telecomunicaciones y transparencia, y ha mostrado sensibilidad ante cualquier avance chino que perciba como amenaza. Sin embargo, esa exigencia no siempre viene acompañada de alternativas competitivas en precio, financiamiento o transferencia tecnológica. China, por su parte, ofrece bienes baratos y presencia comercial creciente, pero genera desequilibrios que presionan al empresariado local y plantean interrogantes sobre prácticas fiscales y laborales.
El pragmatismo no consiste en decir “sí” a todo lo que pide el aliado más poderoso, ni en abrirse sin filtros a la potencia que llega con precios bajos. Consiste en calcular, caso por caso, qué fortalece la capacidad nacional y qué la debilita. Supervisar comercios chinos es legítimo si se aplica la misma regla a todos. Restringir proveedores en infraestructura crítica es soberanía si se basa en una evaluación propia de riesgos y no solo en la presión externa. Firmar acuerdos de minerales críticos con Estados Unidos puede ser inteligente si genera valor agregado local y no mera extracción. Y alinear posturas diplomáticas con regímenes vecinos debe responder a principios y a intereses permanentes, no a una lógica de vasallaje coyuntural.
La independencia como brújula, no como consigna
Ser constitucionalmente libre e independiente no significa aislamiento ni neutralidad ingenua. Significa que las decisiones de política exterior se toman en Santo Domingo, no en Washington ni en Pekín. Significa que la lealtad se gana con reciprocidad y resultados, no se exige como vasallaje. Y significa que el pragmatismo no se reduce a acomodarse al viento del momento, sino a defender, con realismo, los intereses permanentes del país: crecimiento económico inclusivo, seguridad, diversificación de socios y dignidad nacional.
República Dominicana no puede —ni debe— desprenderse de su relación profunda con Estados Unidos. Tampoco tiene por qué renunciar a relaciones comerciales y de cooperación con China u otras potencias, siempre que se desarrollen bajo reglas claras y en igualdad de condiciones. La “otra geopolítica” es precisamente esa: la de los países que, sin pretender cambiar el orden mundial, se niegan a ser solo el escenario donde las grandes potencias resuelven sus diferencias. Bailar requiere ritmo propio. Olvidarlo es el verdadero riesgo.
redactado según idea y revisión de Fernando Buitrago
