texto revisado y avalado por Fernando Buitrago
Primero hay que dejarlo claro, sin ambigüedades: Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Cualquier análisis serio sobre el petróleo del país parte de ese hecho político y jurídico, no de narrativas paralelas construidas desde el exterior.
En los tiempos de Hugo Chávez, los acuerdos con Cuba nunca se basaron en petróleo regalado. Cuba no habría aceptado un esquema de esa naturaleza más allá de alguna donación puntual. Se trataba de pagos por servicios prestados: médicos, educadores, asesores técnicos y de seguridad. El resto es retórica interesada.
Este patrón no era nuevo. Tampoco la Unión Soviética regalaba petróleo a Cuba. Bajo el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), Cuba entregaba sus productos, servicios y materias primas —azúcar, níquel, cítricos, tabaco, fuerza de trabajo calificada— y los países del bloque socialista suministraban a su vez lo que la isla necesitaba: petróleo, maquinaria, alimentos y tecnología. No existía el “regalo”. Precisamente por eso, tras la ruptura de los acuerdos con la caída del campo socialista, del CAME y de la URSS, Cuba quedó debiendo dinero a Rusia, heredera de la Unión Soviética. Esa deuda es la prueba contable de que se trataba de intercambios comerciales y de compensación, no de limosnas ideológicas.
En ese mismo período se impulsó Petrocaribe, un mecanismo que benefició a numerosos países del Caribe y Centroamérica, incluida Cuba, con condiciones preferenciales de financiamiento y suministro. No era limosna; era política exterior y cooperación energética diseñada para fortalecer alianzas regionales.
Con la llegada de Maduro al poder, el cerco se intensificó. Las sanciones económicas y financieras se multiplicaron con el objetivo explícito de colapsar la economía venezolana y, en particular, su industria petrolera. PDVSA, que había sido el motor de la renta nacional, fue empujada al piso no solo por errores internos, sino por un asedio deliberado que restringió acceso a mercados, tecnología, refinación y financiamiento.
Maduro ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a coordinar con Estados Unidos la extracción y comercialización de parte del crudo venezolano. China, Rusia y otros países ya participan junto a PDVSA en diversos esquemas. Venezuela nunca buscó excluir a Washington. Fue Estados Unidos el que condicionó cualquier relación al acceso privilegiado, casi regalado, del recurso, e incluso llegó a promover operaciones de presión extrema que incluyeron intentos de secuestro del propio presidente. Ese cálculo no prosperó.
Estados Unidos no se ha salido con la suya. El acuerdo firmado entre la presidenta interina y Donald Trump se enmarca en inversiones y pagos. Es, en esencia, un acuerdo comercial, no una apropiación indebida de carácter imperial. Se alinea, en buena medida, con lo que Maduro siempre planteó: operaciones bajo el marco de la Ley de Hidrocarburos venezolana, con contraprestación económica clara. No se trata de entrega gratuita ni de cesión de soberanía.
Esta es la realidad concreta. Aun con sanciones vigentes y con la amenaza permanente de una intervención militar (“un misil sobre sus cabezas”), Venezuela logra avanzar hacia un entendimiento que permitirá a su industria petrolera —hoy devastada en gran parte por el bloqueo estadounidense— iniciar una recuperación lenta pero posible. El petróleo sigue siendo el eje estratégico del país. De Chávez a Delcy Rodríguez, pasando por Maduro, la defensa de ese recurso ha sido una constante. La diferencia radica en que ahora, a pesar del desgaste impuesto desde afuera, se abre una vía de reactivación bajo términos que el gobierno venezolano considera negociables y soberanos.
Nada se regaló. Nada se entregó gratis. Y el presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro.
